En su primer día en el cargo, el presidente Joe Biden presentó al Congreso de Estados Unidos un plan legislativo para modernizar el sistema de inmigración del país.
No consiguió nada, como tantos otros intentos de renovación.
Mientras tanto, el número de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó cifras récord, al igual que la acumulación de casos en el sistema estadunidense de tribunales de inmigración. Las facultades sanitarias de emergencia contempladas en el Título 42, que autorizaron a los agentes fronterizos a rechazar a muchos inmigrantes, terminaron al remitir la pandemia de coronavirus. Y el Congreso ni siquiera se ponía de acuerdo sobre cuestiones tan sencillas como si Estados Unidos debía dejar entrar a más o menos personas.
Así que los altos cargos del gobierno buscaron soluciones fuera del país, tratando de presentar la inmigración no como uno de los problemas más insalvables de Estados Unidos, sino como una cuestión que debía abordar todo el continente americano.
Se trató de un cambio de enfoque que refleja la fe de Biden en el poder de la diplomacia mundial, y que también puede ser más prometedor para lograr avances, sobre todo teniendo en cuenta que las redes de traficantes conducen cada vez más a familias migrantes de todo el mundo a través del peligroso y a menudo mortífero Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá.
“Ninguna nación debería asumir esta responsabilidad sola”, declaró Biden el año pasado cuando convocó a los líderes de 23 naciones que asistieron a una Cumbre de las Américas para presentar un plan compartido sobre migración y seguridad. “Los futuros económicos dependen unos de otros. Cada uno de nuestros futuros dependen unos de otros. Y nuestra seguridad está vinculada de maneras que no creo que la mayoría de las personas en mi país entiendan completamente”.
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