Centro Nacional de Identificación: nueva institución para problema

Este agosto debió empezar a operar el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), una institución que tendrá la tarea de resguardar la información para la identificación de personas fallecidas en calidad de desconocidas. Sin embargo, preocupa a familiares de personas desaparecidas y especialistas cómo se coordinará con el resto de instituciones forenses y si contará con presupuesto suficiente.

Con el fin de abatir la crisis forense, estimada en más de 52 mil cuerpos desconocidos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación del CNIH, adscrito a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras legislativas en mayo de este año y celebrada por colectivos de búsqueda de personas, organizaciones civiles y organismos internacionales.

“Esperamos que el Centro funcione, que realmente se tome en cuenta y no vaya a ser un elefante blanco”, dice en entrevista Virginia Garay del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoro de Nayarit e integrante del Consejo Nacional Ciudadano, un órgano independiente integrado por expertos y familias de personas desaparecidas.

Aunque en su decreto de creación la única facultad clara del Centro Nacional es el resguardo de información con fines de identificación que sería entregada a las autoridades competentes, tanto el subsecretario federal de derechos humanos, Alejandro Encinas, como la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, han asegurado que esta nueva institución liderará las labores de identificación masiva, es decir, la que se realizaría a partir de la comparación sistemática y periódica de la mayor cantidad de datos de las personas fallecidas sin identidad con la que entregan familiares de personas desaparecidas, e, incluso, realizaría tomas de muestras para obtener perfiles genéticos.

Con esa encomienda, el Centro Nacional se suma a otras instituciones que tienen el mismo fin de identificar cuerpos anónimos, aunque varíen en jurisdicción, métodos y alcances, como las 33 fiscalías del país, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y hasta la Guardia Nacional.

Los detalles sobre cómo operaría el Centro Nacional y cómo se coordinará con estas instituciones “quedaron en el aire”, dice Humberto Guerrero, director del programa de derechos humanos en la organización civil Fundar.

Según el especialista, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda aseguró que esas cuestiones se resolverían en la reglamentación del CNIH, pero la CNB –de la que depende el Centro Nacional– lleva cuatro años y medio operando sin su propio reglamento.

Articulación institucional en el aire
La preocupación por la crisis forense no es nueva para las familias que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas: desde que impulsaron la Ley General en Materia de Desapariciones –aprobada en noviembre de 2017– lograron incluir herramientas que servirían para atender esta crisis, todas ellas a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución dirigida por Alejandro Gertz Manero ha retrasado por más de tres años la creación estas herramientas clave, como el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), que tendría la función de comparar periódicamente y de forma masiva los datos genéticos de los cuerpos sin identidad del país con los de familiares que buscan a personas desaparecidas para encontrar posibles coicidencias y así agilizar las identificaciones, justo como ahora se pretende que haga el Centro Nacional de Identificación Humana.

El Ministerio Público de la Federación, incluso, enfrenta una demanda de amparo por la falta del Banco que estaría próxima a resolverse.

La FGR también tiene pendiente el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. Además, en peticiones de información la FGR ha respondido que se encuentra trabajando en una Base Nacional de Información Genética (BaNIG) que estaría operando hasta el próximo año.

Este podría no ser el único banco genético nacional con el que tendría que trabajar el CNIH: el año pasado la Guardia Nacional licitó un servicio de arrendamiento de perfiles genéticos de personas desaparecidas sin que a la fecha se conozca el número de perfiles con los que cuenta y la finalidad de su resguardo.

Un esfuerzo más para combatir esta emergencia es el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano multidisciplinario y con autonomía técnico-científica creado a finales de 2019 con la encomienda de realizar peritajes a cuerpos y restos humanos en calidad de desconocidos ingresados a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) del país antes de su creación. A diferencia del CNIH, aunque el MEIF inicialmente se iba a crear a partir de una Ley, las instituciones federales solo accedieron a que se creara vía Acuerdo, lo que implicó un menor peso legal.

En lo que sí coinciden ambas instituciones es en que tendrán que trabajar con la información que resguardan las fiscalías del país para identificar a las personas fallecidas en calidad de desconocidas.

El Grupo que coordina el MEIF fue seleccionado hace un año y, para realizar su labor, deben firmar convenios de colaboración con las fiscalías del país, quienes tenían la facultad exclusiva del resguardo de los cuerpos.

“Todavía no funciona bien el MEIF y ya se está abriendo una nueva institución. ¿Cómo vamos a empujar esto si nos faltan los bancos (de datos) que son parte fundamental para que realmente pueda existir las identificaciones?”, cuestiona la consejera Virginia Garay.

El Grupo que coordina el Mecanismo asegura que confían en que la metodología que están implementando sirva para sentar las bases de lo que llaman “un ecosistema interinstitucional en identificación humana”, que incluye al nuevo CNIH.

Grace Fernández, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México considera que el Centro Nacional debe ser una herramienta adicional para dar respuesta a las familias de personas desaparecidas.

“Todos los días y en todos los estados hay hallazgos de fosas clandestinas. Se van incrementando la cantidad de personas que hay que identificar y entonces tienes un sistema colapsado que no tiene ni recursos ni personal ni tecnología, por eso es necesario crear nuevas instancias”, asegura Fernández.

El riesgo, advierte Humbero Guerrero de Fundar, es que no se genere una verdadera política nacional de identificación forense y solo proliferen iniciativas aisladas que generen información que no se comparta, que no sea uniforme y que no ayude a la tarea de identificar con agilidad.

INFORMACIÓN: PROCESO