La nicaragüense Abigaíl Hernández, directora del diario digital Galería News –que maneja desde el exilio en Costa Rica–, narra a Proceso el sinuoso camino que ella y otros periodistas críticos han tenido que recorrer debido a la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega.
Acusa que “a pesar de haber sido sentenciadas, 28 de estas personas permanecerían en la Dirección de Auxilio Judicial Evaristo Vásquez (DAJ), centro de detención policial en el que no corresponde recluir a personas sentenciadas. Se continúan reportando las mismas condiciones inhumanas de detención referidas en el informe anterior lo que pondría en peligro su salud física y mental”.
Además, a los presos políticos se les habría impedido recibir visitas de sus hijos e hijas menores, lo que habría motivado que al menos dos detenidos realicen una huelga de hambre. El pasado 2 de julio, luego que la esposa y organizaciones de la sociedad civil denunciaran públicamente las inhumanas condiciones de detención de Félix Maradiaga y las demás personas detenidas, medios oficialistas divulgaron imágenes en las que se aprecia el notorio deterioro físico de Maradiaga.
Además, la muerte de Hugo Torres el pasado 12 de febrero, que habría sido trasladado de la DAJ a un centro médico policial debido a una seria enfermedad, habría llevado al Estado a otorgar el beneficio de la detención domiciliaria a 12 personas con afecciones a su salud o por edad avanzada. “Es urgente que se autorice el traslado a hospitales de todas las personas detenidas que requieren atención médica especializada”, señala el ACNUDH.
Por otra parte, el conflicto por la tierra en territorios de los pueblos indígenas sigue generando episodios de violencia en la Costa Atlántica y se amenaza la integridad de sus miembros. El pasado 13 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de las comunidades musawas, suniwas y wilú del territorio Mayangna Sauni As debido a la violencia armada de terceros.
“El saneamiento de tierras sigue pendiente –como en otros casos–, a pesar de que el título de propiedad colectiva les fue entregado en 2005”, denuncia el ACNUDH.
Según el documento, el Estado de Nicaragua ha continuado restringiendo el espacio cívico, con especial afectación de los derechos a la libertad de asociación y de expresión. En lo que va del año, “canceló la personalidad jurídica de mil 112 organizaciones de derechos humanos, de desarrollo, asociaciones profesionales, incluyendo médicas, entidades vinculadas con la Iglesia católica y otras, sumando al menos mil 178 desde 2018.
“Las cancelaciones han alcanzado también a 12 universidades, afectando el derecho a la educación. Éste además se vio impactado por otras medidas de restricción a la autonomía universitaria y a la libertad de cátedra con la reforma de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. La reforma somete la aprobación de los programas académicos de todas las universidades a la potestad de un órgano central”, refiere.
En abril de 2022 la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1115. Cinco relatores especiales de la ONU observaron que la nueva ley no estaría en línea con estándares internacionales de derechos humanos por, entre otros aspectos, prohibir las actividades políticas de las organizaciones y someter toda su actividad a la autorización previa del gobierno. El ACNUDH también manifestó sus preocupaciones respecto a esta ley, que, desde su entrada en vigor el 6 de mayo de 2022, también ha sido aplicada en la cancelación de organizaciones.
INFORMACIÓN: PROCESO
