El violento motín con 17 muertos y fuga de 30 presos que se registró en una cárcel de Chihuahua, próxima a la frontera con Estados Unidos, dejó al descubierto las debilidades y la corrupción que imperan en muchas prisiones en México, donde se trafica drogas y armas y donde los reclusos tienen el control de los recintos.
Las investigaciones de los sangrientos eventos del primero de enero en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, en los que fallecieron diez guardias de prisión y siete reclusos, han arrojado unas primeras conclusiones desconcertantes. En esa cárcel operaba un “autogobierno” de delincuentes que gozaban de privilegios como celdas VIP, donde tenían televisión, teléfonos móviles, cómodas camas, armas largas y cortas, diversas drogas y hasta una caja fuerte donde guardaban millonarias sumas en pesos mexicanos.
completamente olvidados por las autoridades”.
En México, hay 319 cárceles, de las cuales 15 son centros penitenciarios federales, 251 prisiones estatales y 53 centros de atención a adolescentes. La población penal se estima en unas 226 mil personas, muchas de las cuales viven en graves condiciones de hacinamiento, en particular en entidades como el Estado de México, Morelos, Nayarit y Durango donde la sobrepoblación penitenciaria supera en más del 60% la capacidad de los penales.
El hacinamiento, generado en parte por el mecanismo de prisión preventiva que mantiene en la cárcel a miles de reclusos sin sentencia, sumado al escaso personal de custodia -muchos de los cuales tienen malos salarios-, ha favorecido la corrupción y la violencia en las cárceles, según estiman los analistas.
Un claro ejemplo es el Cereso número 3 que tenía hasta el día de la fuga unos 4 mil presos, lo que superaba en un 23% la capacidad de la cárcel.
El problema de sobrepoblación de esa prisión se debe a que el 90% de su población tiene prisión preventiva y sólo 10% está sentenciada, reconoció el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Agregó que esa situación revela que “la impartición de justicia no está siendo ni tan pronta ni expedita”.
En México, existen dos formas de prisión preventiva: la que se declara de oficio con algunos delitos de forma obligatoria o automática y la justificada, que es cuando el fiscal la solicita a un juez por considerar que un presunto criminal es peligroso para la sociedad o podría evadirse de la justicia.
Armendáriz dijo que otro de los problemas que ha agravado la situación de violencia en el Cereso número 3 es la presencia de miembros de bandas rivales.
Medios locales han informado que los hechos violentos que se han registrado en los últimos meses en el Cereso número 3 se deben a enfrentamientos entre integrantes de los “Los Mexicles” y el cartel de Sinaloa.
INFORMACIÓN: PROCESO
