El Tribunal Supremo español pidió el viernes una investigación sobre las muertes de ancianos en residencias durante la pandemia COVID-19, así como sobre la escasez de equipos de protección para los sanitarios.
Se ha pedido a los jueces que investiguen si las muertes en las residencias de ancianos han estado asociadas a decisiones políticas, administrativas o de gestión y si esas decisiones son penalmente reprobables.
España ha sido uno de los países de Europa más afectados por la pandemia, tanto en términos sanitarios como económicos. Un total de 48 mil 777 personas han muerto a causa del coronavirus y el número de víctimas aumentó en 181 en las últimas 24 horas.
Más de 20 mil personas murieron por COVID-19 o con sospecha de haber padecido la enfermedad en residencias ancianos españolas durante la primera ola de contagios, según los datos oficiales preliminares publicados en medios como el diario El País y la cadena de televisión pública RTVE.
El Tribunal Supremo también pidió a los juzgados de menor instancia que investiguen el posible mal uso de fondos públicos en la compra de equipos defectuosos o fraudulentos para luchar contra la pandemia.
Sin embargo, rechazó unos 50 casos que apuntaban específicamente al Gobierno para su gestión de la pandemia, argumentando que las querellas no eran lo suficientemente detalladas como para acusar a ningún alto cargo.
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